Autora: Manuela Mora Ruiz
Grupo de Investigación Derecho Público para la Gobernanza (DERGO)
Centro de Investigación en Pensamiento Contemporáneo e Innovación para el Desarrollo Social (COIDESO)
Universidad de Huelva
La idea de elaborar un manifiesto a partir del cual podamos repensar el papel de las universidades respecto de las sociedades y territorios a los que se vinculan es, como mínimo, iluisionante, puesto que la Universidad debe estar conectada a la sociedad que la rodea, en la medida en que su creación se justifica por la necesidad de atender un servicio público, de interés general, como el que representa la educación superior. La Universidad, en mi opinión, no puede ser mero receptáculo de saberes y su transmisión unidireccional, sino que debe conseguir que la docencia, investigación y el estudio revierta en la sociedad y, a la vez, ésta le permita una continua actualización de acuerdo con las exigencias del momento y del lugar concreto. La Universidad debe ser una entidad con inteligencia territorial, por tanto, con capacidad para innovar desde el punto de vista social.
Si este es el punto de partida, la pregunta es si la naturaleza de las universidades (especialmente las de carácter público) y su configuración legal (en gran medida con un alto componente histórico) le permite o, incluso, le motiva a asumir este papel activo y dinamizador al que antes me refería.
Basta pensar en la caracterización que el art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, 1 de diciembre, de Universidades hace de las Universidades españolas, en el sentido de atribuirle las siguientes funciones:
“a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura.
b) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística.
c) La difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida, y del desarrollo económico.
d) La difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida”
De este precepto, es claro que la innovación social no está prevista como una función y objetivo de las universidades, por lo que uno de los primeros retos para la innovación desde la Universidades debe estar en la interiorización por el marco jurídico de las mismas del concepto de innovación social. Lo que no está de forma expresa puede no tenerse presente. Es cierto que la garantía de la igualdad de género está asumida por las universidades, y que se están incorporando los ODS como objetivos comunes, pero todo ello precisa visibilizarse desde la innovación social.
Junto a ello, creo que hay dos elementos fundamentales para que la Universidad pueda ir haciendo camino en la innovación social: De un lado, deben consolidarse los enfoques de trabajos transversales con miras a influir en la sociedad.
De otro, la necesidad de articular el fomento de la innovación desde dentro, y, en este sentido, hacer una profunda reflexión sobre las estructuras organizativas y de trabajo de las universidades y sobre los procesos de decisión. En mi opinión, no hay verdadera consciencia de los miembros de la comunidad universitaria como ciudadanos, sino como integrantes de una estructura estamentaria.
Tanto uno como otro elemento tienen el interés de poder proyectar la innovación hacia fuera, con otras entidades del sector público que permitan un papel más activo de las universidades en el desarrollo de lo local con proyección global.
Artículo enviado como contribución al “Manifiesto de innovación pública desde las universidades”.
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